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22 mar. 2017

Trump y su equipo alertan a republicanos de riesgos de rechazar ley de salud


WASHINGTON. El presidente de EE.UU., Donald Trump, y su equipo alertaron ayer a los republicanos que están pensando votar en contra del proyecto de ley sanitaria que el mandatario avala de los riesgos de hacerlo, entre ellos el castigo de los votantes en las elecciones legislativas del próximo año.


“Habrá un precio que pagar (...), con sus propios votantes”, advirtió en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, a los republicanos que no apoyan la propuesta de ley para reemplazar la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, conocida como Obamacare.
Esa propuesta, respaldada por Trump y por el liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, será votada este jueves en el pleno de esa Cámara.
Spicer también se mostró confiado en que el proyecto de ley saldrá adelante en la Cámara de Representantes el mismo jueves, 23 de marzo, justo el día del séptimo aniversario de la promulgación de Obamacare.
Ayer Trump se desplazó hasta el Capitolio para mantener una reunión a puerta cerrada con legisladores republicanos de la cámara baja y, antes de ese encuentro, los periodistas le preguntaron si cree que el proyecto tiene los suficientes votos para ser aprobado.
El presidente respondió que sí lo cree y más tarde salió de la reunión con los congresistas también con optimismo.
“Tuvimos una gran reunión y creo que vamos a tener un voto ganador”, comentó Trump a los periodistas antes de abandonar el Congreso.
En el transcurso de esa reunión a puerta cerrada, Trump pidió a los congresistas unidad para eliminar y reemplazar Obamacare, y advirtió de las consecuencias de no hacerlo, entre ellas la pérdida de votos y escaños republicanos en las elecciones legislativas de 2018, según algunos de los presentes en el encuentro.
Además, Trump se dirigió directamente a Mark Meadows, líder del grupo ultraconservador Freedom Caucus, y le dijo: “Voy a por usted”.
Los legisladores del Freedom Caucus consideran insuficientes los cambios que propone la nueva ley, mientras que los republicanos más moderados también se oponen a la propuesta porque temen que deje a millones de estadounidenses sin cobertura sanitaria.
Del total de 241 republicanos de la Cámara de Representantes, al menos 216 deben votar a favor para que el proyecto de ley se apruebe este jueves.
Y ayer Meadows, pese a la reunión mantenida con Trump, ratificó ante los periodistas su oposición al proyecto y anotó que 21 miembros del Freedom Caucus siguen rechazándolo.
Los dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes introdujeron en la noche del lunes algunas enmiendas a la propuesta de ley sanitaria para tratar de convencer a sus congresistas díscolos.
Por un lado, las enmiendas dan a los estados más competencias para administrar la reforma en detrimento del Gobierno y, por el otro, también ofrecen ayudas a las personas mayores para adquirir un seguro, dado que serán uno de los grupos más afectados si se deroga la ley sanitaria de Obama.
Spicer no descartó en su rueda de prensa de hoy que la propuesta sufra más cambios antes de la votación del jueves.
La bancada republicana está negociando desde hace dos semanas el contenido de la ley para someterla primero a votación en el pleno de la Cámara de Representantes y que después pase a manos del Senado, donde la mayoría de los conservadores es más estrecha y encontrará más dificultades.
La Oficina no partidista de Presupuesto del Congreso (CBO, por su sigla en inglés) ha calculado que el plan republicano, sin las últimas modificaciones introducidas, dejaría sin seguro a 14 millones de personas en apenas un año, cifra que ascendería a 24 millones en una década.
Por su parte, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), una organización no partidista y la mayor en defensa de los hispanos en Estados Unidos, anunció ayer el lanzamiento de una campaña para exhortar a los congresistas a votar en contra de la eliminación y reemplazo de Obamacare.
Para esta organización, la propuesta republicana alternativa a Obamacare supone “un gran retroceso para los latinos” en materia de coste y cobertura de salud.
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