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3/15/2017

Decreto migratorio de Trump nuevamente ante los tribunales hoy


WASHINGTON. El nuevo decreto del presidente Donald Trump que cierra las fronteras a inmigrantes y refugiados de seis pa铆ses musulmanes entra en vigor el jueves, pero antes ser谩 puesto a prueba en las primeras audiencias judiciales previstas para el mi茅rcoles.


El primero de los decretos migratorios, firmado el pasado 27 de enero, result贸 bloqueado por la justicia, y la Casa Blanca ensay贸 con una nueva redacci贸n para evitar correr esa misma suerte, pero la batalla legal de ninguna manera ser谩 f谩cil.
Dos cortes federales, una en Haw谩i (en el Pac铆fico) y otra en Maryland (este del pa铆s) realizar谩n audiencias de urgencia sobre esta nueva orden ejecutiva, un d铆a antes de su prevista entrada en vigencia.
El nuevo decreto -firmado por el presidente lejos de las c谩maras de televisi贸n hace ocho d铆as- cierra las fronteras a los refugiados por 120 d铆as y congela las visas a viajeros de Ir谩n, Libia, Somalia, Sud谩n, Siria y Yemen por 90 d铆as. Irak fue retirado de la primera lista.
Trump ya afirm贸 que esta nueva versi贸n del decreto anti-inmigrante corrige aspectos poco claros de la primera edici贸n, y por lo tanto conf铆a que ser谩 pr谩cticamente imposible que una corte decida la suspensi贸n de sus efectos.
Naturaleza “inconstitucional” 
El estado de Washington, junto a los estados de California, Massachusetts, Oregon, Maryland y Nueva York, someti贸 el caso el lunes ante James Robart, un juez federal de Seattle que hab铆a tenido un papel esencial en el bloqueo del primer decreto presidencial.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, se帽al贸 en una nota que “el gobierno de Trump pudo haber modificado el texto de su ya desautorizado bloqueo al ingreso de musulmanes, pero no ha cambiado su naturaleza inconstitucional ni sus efectos”.
Por haber iniciado los procedimientos para bloquear el primer decreto migratorio de Trump, el magistrado Robart hab铆a sido objeto de la ira del presidente, quien en la red social Twitter se refiri贸 a 茅l como “dizque juez”.
En Haw谩i (tierra natal del ex presidente Barack Obama y un basti贸n del Partido Dem贸crata), la fiscal铆a present贸 un alegato formal ante un juez federal, quien convoc贸 a una audiencia urgente para el mi茅rcoles.
Lo mismo ocurrir谩 el mi茅rcoles en la ma帽ana en Maryland, un estado lindante con el Distrito de Columbia, asiento de la capital federal, Washington.
De acuerdo con la mec谩nica judicial estadounidense, un juez federal puede suspender parcial o completamente la aplicaci贸n de un decreto, en una decisi贸n que tiene alcance nacional.
Gobierno prepara sus argumentos 
En contrapartida, la legi贸n de abogados del Departamento de Justicia est谩 lista para recorrer tribunales en defensa de la decisi贸n presidencial de cerrar las fronteras del pa铆s a refugiados e inmigrantes de los seis pa铆ses afectados por el decreto.
A diferencia del primer decreto, que ten铆a vigencia inmediata y gener贸 una monumental confusi贸n en aeropuertos de todo el pa铆s, esta vez el gobierno retras贸 en algunos d铆as la entrada en vigor para preparar a su tropa y tenerla lista para las batallas legales que se avecinan.
El Departamento de Justicia envi贸 una carta al juez federal de Haw谩i que convoc贸 a la audiencia para el mi茅rcoles, en la que present贸 su defensa y adelant贸 el argumento central que el gobierno utilizar谩 en los tribunales.
La decisi贸n de restringir el acceso de ciertos tipos de extranjeros, argument贸 el Departamento de Justicia en su documento, se apoya en “el ejercicio v谩lido de la autoridad presidencial, conforme a la ley”.
Cuando se present贸 p煤blicamente el nuevo decreto, el secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que se trataba de una medida “vital” para la seguridad nacional, ante la existencia de amenazas que no cesan.
Sin embargo, en todo el pa铆s se alzan numerosas voces que cuestionan esa urgencia y en cambio argumentan que la medida discrimina de forma clara a musulmanes, siendo que las leyes proh铆ben la segregaci贸n por cuestiones religiosas.
Desde los atentados en Nueva York y Washington en septiembre de 2001, todos los ataques graves perpetrados en Estados Unidos fueron obra de estadounidenses o de personas provenientes de pa铆ses que no son los seis ahora incluidos en el decreto presidencial.
por S茅bastien BLANC / Aldo GAMBOA