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11/01/2018

¿Qué hay detrás de la muerte?: Las historias que esconden estos cementerios de Quito




"Morirse no es una cosa cualquiera, es el principal acto político que hace cualquier ser humano", dice Leonardo Zaldumbide, coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria.


Esta red —según define Daniel Rivera, su coordinador nacional— se conformó en la sede ecuatoriana de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y busca generar, sobre todo dentro de las poblaciones o comunidades donde han podido trabajar, "debates con respecto a sus bienes funerarios", encontrar una visión alejada "de esta idea de lo tétrico" y "quitar a la muerte del sentido común que la define como un espacio de miedo".

El primer proyecto grande que hicieron fue un inventario de todos los cementerios del Distrito Metropolitano de Quito, tanto urbanos como rurales, y concluyeron que hay más de 110 camposantos en toda la zona, privados, comunitarios y de administración mixta, ninguno municipal. Cada necrópolis con "sus particularidades y sus demandas políticas", dice Zaldumbide.
"Nos parece interesantísimo cómo las poblaciones enfrentan a la muerte, los argumentos que usan para defenderse ante ella, las negociaciones políticas que hacen, los procesos económicos a los que se enfrentan y, efectivamente, las historias de resistencias", explica el coordinador académico de la red, quien señala que estas nuevas lecturas políticas que han dado a la muerte han permitido "escribir una nueva historia en torno a las comunidades".
Una lucha de independencia
Para la comunidad de La Merced, ubicada a 24 kilómetros al sureste de Quito, donde residen poco más de 8.000 habitantes, el cementerio es un símbolo de su independencia y constitución como "parroquia", explica Zaldumbide.
En la década de 1960, los comuneros de La Merced deciden separarse de su antigua parroquia Alangasí y estos les dijeron: "Muy bien, sean independientes, pero no vuelvan a enterrar más a sus difuntos en nuestro territorio", señala el Por ello, "una de las demandas políticas de esta comuna de La Merced, que quería tener administración jurídica propia, era la construcción de un espacio deportivo y de su cementerio".
"En esa época, la disputa política con el municipio de Quito fue tan grande que una persona se muere en las protestas", dice Zaldumbide; entonces, los ciudadanos de La Merced "invaden una hacienda privada y se apropian de un terreno improductivo, donde ponen los primeros cerramientos y luego entierran al primer muertoy el pueblo se une para para defender su espacio comunitario", que convirtieron en su cementerio.
Según explica el entrevistado, existe una "importancia política para las personas de conservar cerca de sus pueblos a sus muertos", al punto, como en el caso de La Merced, de "enfrentarse al municipio y al capital privado para generar ese espacio".
Abuso de la Iglesia
Otro de los casos estudiados por la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria es el de la parroquia urbana La Magdalena, ubicada en el sur de la capital.
Durante el primer gobierno del presidente Eloy Alfaro [1897-1901], el entonces mandatario, entre sus reformas liberales, con las que quitó la administración de importantes instancias civiles a la Iglesia, se incluyó a los camposantos. Se determinó que "los cementerios fuesen públicos, generales y laicos", ninguno privado, explica Zaldumbide.
Pero, "la Iglesia es muy hábil" —dice— y "los grandes cementerios de esa época se mimetizaron, la Iglesia de ser una hermandad benéfica se transformó en una sociedad civil" y continuó con la administración de las necrópolis que tenía bajo su mando. El problema más grave se presentaba en "los pequeños camposantos parroquiales, en las parroquias donde todavía vivía población indígena"; ahí, "los sacerdotes sacaban jugosas ganancias de ellos".
En 1904 queda colapsado el antiguo cementerio de La Magdalena. "Un período donde ya existe el 'higienismo', reglas de sanidad", menciona Zaldumbide; entonces, el médico higienista del municipio de Quito, que en la época era Manuel Jijón Bello, recomendó a los habitantes de la zona "buscar un nuevo espacio para el camposanto lejos del centro parroquial y alejado de los centros de agua".
Comuneros indígenas emprenden la tarea y dos años más tarde encuentran el terreno. "Hacen mingas [reunión para hacer algún trabajo en común] y recolectan dinero para la adquisición del lugar", dice el especialista; pero "ninguno de los comuneros sabía leer y cuando compran el espacio, la curia, el sacerdote a cargo, lo inscribe como bien de la Iglesia y siguen cobrando a los pobladores". En un boletín informativo impreso, que reparte la actual administración del lugar, se especifica que los espacios "fueron adquiridos por el presbítero Pedro José Avilés", entonces cura de la parroquia La Magdalena; aunque aclaran que fue "con la contribución de los moradores".

"A nadie, en ese período histórico, le interesaba ser enterrado fuera del cementerio, la presencia de la promesa salvífica que te ofrecía la iglesia católica, la salvación después de la muerte era invaluable, nadie quería estar peleado con los sacerdotes", enfatiza Zaldumbide.
El cementerio se fue ampliando, con la adquisición de otros lotes, pero siempre "con las recolecciones de la plata de la población y la compra de la curia".
Sin embargo, en la década de 1970, cuando los pobladores indígenas de la zona ya habían ido a la escuela y a las universidades "empiezan a recuperar las memorias de sus ancestros y se dan cuenta que ellos pagaron por su cementerio" y "este proceso les hace reflexionar en torno a por qué la curia sigue manteniendo un camposanto que es de ellos y por qué le tienen como bien eclesial".
"En el año 2000 hay una revuelta en La Magdalena, los comuneros siguen un juicio a la curia metropolitana de Quito y ganan", y es entonces cuando el cementerio es reconocido como propiedad comunitaria, es decir, "expulsan a los sacerdotes y recuperan un espacio 100 años después de haber sido comprado".
La lectura de la historia de este camposanto —explica Zaldumbide— es que "representó parte de un proceso súper interesante de reflexión, de disputa, de lucha, de empoderamiento, de reconocimiento […] ese cementerio, más allá de la estructura física, de alguna forma, simboliza, en ese pueblo, la consolidación de su voluntad política, un caso donde el liberalismo se cierra 100 años después en Ecuador".
No más humillaciones
En la comuna Llano Grande, al noreste de Quito, hubo un enfrentamiento social en la década de 1960, con su cabecera parroquial Calderón. "Primero hubo un problema muy grave con el transporte público, luego conflictos raciales; entonces, los comuneros, hartos de los abusos, deciden separarse de Calderón", dice Rivera por su parte.
Explica que hubo "una serie de luchas, mueren asesinadas personas"; pero logran convertirse en comuna y "una manera también de consolidarse es formando su cementerio".
Rivera cuenta que, incluso "mucha gente se llevó a sus muertos" al nuevo cementerio comunitario y eso implicó "que muchos dejaran de ir a Calderón a hacer los ritos ancestrales", que son bastantes populares en Quito e, incluso, la Alcaldía los ha incluido en las rutas turísticas del 2 de noviembre, Día de los Muertos.

"El cementerio fue una forma de revelarse ante el poder de la parroquia central y decirles, queremos administrar nuestra propia muerte como indígenas que somos", enfatiza Zaldumbide y para, además, dice Rivera, "no tener que aguantarse las humillaciones que les ocasionaba que le sacaran fotos cuando estaban haciendo sus ritos especiales con sus difuntos".
El coordinador académico de la Red Ecuatoriana de Cultura Funeraria afirma, tras encontrar estas historias de resistencia que involucran a los camposantos de las comunidades, que "los cementerios no son espacios de temor, son archivos, reservorios de memoria y hasta potenciales aulas abiertas" y explica que, aunque son lugares que acogen muertos, en la práctica "son espacios diseñados para los vivos", porque "hay caminerías, leyendas para ser leídas, fotografías para ser miradas, oraciones para ser rezadas".
Edgar Romero G.